Aprobación de la Ley General de Aguas

La Ley General de Aguas, desde su lectura y aprobación en comisiones, ha provocado revuelo entre los representantes de diversos ámbitos a nivel nacional.

La divergencia se ha dado en los puntos relacionados con la intervención del sector privado, la participación que tendrá la ciudadanía en la toma de decisiones, las problemáticas sobre contaminación, el posible abuso al momento de la extracción de los recursos y el acceso al agua para todos.

Es natural la preocupación por el matiz que brinde la interpretación de la Ley. Sin embargo, más allá de la llamada “privatización”, se presenta la oportunidad de que los gobiernos federal, estatales y municipales se beneficien y fortalezcan con la experiencia de empresas dedicadas a los servicios y operaciones de agua.

El verdadero reto, tanto para los operadores públicos como los privados, será brindar agua de forma equitativa y sustentable. Para la ciudadanía, significará comprometerse al cuidado, vigilancia y aprovechamiento del recurso, ya sea para uso doméstico o industrial.

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