FAQS APP

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Descubra en esta sección los mitos y realidades de las Asociaciones Público-Privadas y la respuesta a las principales preguntas sobre este tipo de esquemas.

De click en cada pregunta para ver la respuesta.

La participación privada es una herramienta y no un objetivo en sí misma que sirve para complementar las capacidades del gobierno, para ayudarlo a cumplir su cometido de garantizar servicios de agua y saneamiento a todos los ciudadanos

-Autoridades: Tienen la responsabilidad de planear, regular y supervisar, y pueden compartir con el sector privado la tarea de operar e invertir en el crecimiento y mejora de los sistemas de agua.
-Iniciativa Privada: Es un aliado para incrementar la eficiencia en la operación de los sistemas de agua y saneamiento.
-Ciudadanía: Tiene el derecho de recibir servicios adecuados y confiables de agua y saneamiento, y la obligación de vigilar su provisión y pagar por ellos.

- Adopción de prácticas de gestión avanzadas
- Incorporación de tecnologías modernas
- Capacitación y acciones para garantizar la seguridad del personal
- Mejores procesos de planeación e inversión
- La continuidad en la ejecución de planes en el largo plazo
- Acceso a recursos adicionales

Los proyectos de colaboración público privada se plantean con visión de largo plazo. Están apegados a un contrato que compromete a ambas partes a cumplir con los objetivos establecidos y a generar las condiciones para lograrlos. Esta conjunción de esfuerzos dentro de un marco de actuación claro, garantiza la implementación de proyectos exitosos.

Sí, pues son especialistas en la gestión de los servicios de agua; utilizando y desarrollando tecnología; trabajando sistemáticamente en la optimización de costos y empleando las mejores prácticas para cumplir efectivamente con sus compromisos de desempeño y obtener ganancias.

Sí, las empresas privadas tienen incentivos para buscar sistemáticamente ser más eficientes, es decir, prestar los servicios que les son  encomendados al menor costo posible. Esto implica que la empresa tendrá incentivos también para conectar a más personas, dado que con ello obtendrá mayores ganancias.

Sí, las empresas privadas prestan sus servicios a partir de contratos donde se especifican las obligaciones que tienen. En caso de no cubrir dichas obligaciones, los contratos prevén sanciones para asegurar su cumplimiento. Este mecanismo de definición de obligaciones y supervisión por un tercero, genera una garantía a los usuarios de que los servicios serán prestados de acuerdo con el contrato. Cuando no hay contrato ni ley de servicios clara, los usuarios no tienen la certeza respecto al servicio que se les brindará. Tampoco tendrán los elementos para exigirlo.

Porque son especialistas, su única función es prestar los servicios, trabajan con horizontes de largo plazo. Son entidades técnicas y no políticas que asumen riesgos técnicos y su resultado depende de la capacidad para manejar bien estos riesgos. Adicionalmente, los periodos de recuperación de las inversiones comúnmente son largos, lo que es un incentivo adicional para realizar una buena planeación de largo plazo. En suma, los tiempos y criterios que rigen el funcionamiento de estas asociaciones son técnicos y políticos.

El agua es un bien común, cuya propiedad, claramente definida en la Constitución, corresponde a la Nación. Las asignaciones de pozos o fuentes superficiales de donde se extrae el agua que se utiliza como insumo para prestar el servicio siempre son adjudicadas a los municipios o estados, pero en ningún caso a la empresa prestadora del servicio. Así, las autoridades tienen en todo momento el derecho de retomar la operación de dichas fuentes y de establecer reglas para su utilización.

Las tarifas son autorizadas por los cabildos o congresos estatales; en ningún caso la empresa privada tiene la atribución de fijar las tarifas. En los contratos que las empresas firman con las autoridades se establecen con claridad las zonas que serán atendidas por el privado, las actividades que deberá realizar, las metas a lograr, los parámetros de calidad y las sanciones por el no cumplimiento. Por lo tanto, quien decide a quién dar agua o no, es el gobierno. Precisamente una de las razones por la que las autoridades buscan el apoyo del sector privado es para acelerar el crecimiento en la cobertura de servicios y para mejorar la eficiencia del sistema de agua.

Las empresas utilizan recursos de sus accionistas y de los bancos para financiar las inversiones necesarias para lograr los compromisos establecidos en los contratos, sean éstos de ampliación de cobertura o de mejora en la eficiencia. Al final del día, igual que si el sistema de agua fuera manejado enteramente por el gobierno, el pago de los recursos invertidos por la empresa sólo puede obtenerse de dos fuentes: tarifas y subsidios. Así, el monto de las inversiones que puede aportar una empresa privada siempre está en función directa de la capacidad para recuperar el dinero a través de mejorar la eficiencia comercial, de reducir los costos de operación o de la aportación de recursos fiscales por el gobierno.

El gobierno puede delegar funciones pero nunca responsabilidades. De hecho, las experiencias más exitosas de APP se dan cuando la autoridad fortalece su función como regulador y trabaja conjuntamente con la empresa para lograr los objetivos trazados en el contrato. Los temas más comunes que se incluyen en la regulación son: el establecimiento de metas cuantitativas y cualitativas; calidad de servicio y atención a usuarios; tarifas e inversiones.

Actualmente existen sólo tres ciudades en las que los servicios de agua son prestados por empresas privadas. En los tres casos, el desempeño relativo de las empresas y los resultados en calidad y cobertura están muy por encima del promedio nacional. Existen muchas otras ciudades donde los privados aportan sus capacidades en proyectos de tratamiento de aguas residuales, desalación y operación de acueductos.

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